En plena campaña Electoral, en uno de esos días en los que uno puede leerse hasta los artículos de opinión del Periódico (a los que no vivimos de la política ni somos funcionarios nos cuesta), pude ver un análisis bastante aséptico de nuestro Sistema Electoral. Y digo Aséptico porque no me lo esperaba ya quien viene a realizarlo es Oscar Eimil, Registrador de la Propiedad y miembro del consejo asesor del Partido Popular de Andalucía.
En el venia a describir (algo que para algunos por deformación pseudoprofesional no nos hace falta) como funciona nuestro sistema político, y que mejor que citar literalmente:
"DURANTE las semanas transcurridas desde el 15 de mayo, no hemos parado de escuchar en nuestras calles, y ahora también en los mítines electorales, la cantinela del "¡que no nos representan!" como idea-fuerza que intenta convencernos, en lo esencial, de que vivimos y llevamos viviendo 35 años en una democracia aparente, por virtud del imperio de un sistema electoral injusto que, resumiendo, falsea los deseos políticos de nuestra nación.
Parece, pues, muy oportuno preguntarnos, ahora que nos acercamos a la hora de la verdad electoral, si esta consigna que defienden los "indignados", y que al parecer ha calado en una parte de la ciudadanía, tiene o deja de tener alguna justificación. Y para ello nada mejor que comenzar explicando cómo funciona un sistema electoral como el nuestro que se caracteriza -todos podemos coincidir en ello- porque prima a los grandes partidos de ámbito nacional, porque perjudica a los partidos medianos, porque excluye a los partidos pequeños, y porque atribuye una sustanciosa sobrerrepresentación a los partidos nacionalistas.
La Constitución, en su artículo 68, se limita a fijar el número de diputados a elegir por sufragio universal -entre 300 y 400-, y a establecer en esta materia dos principios fundamentales: el de representación proporcional y el de circunscripción electoral provincial.
La Loreg que la desarrolla fija el número de diputados en 350, y regula en su artículo 163 un método de elección de los mismos que desarrolla el principio constitucional de representación proporcional; método llamado D'Hondt que se implementa en cada circunscripción electoral por medio de cinco operaciones matemáticas: primera, se ordena de mayor a menor en una columna el número válido de votos obtenidos por cada candidatura, excluyendo las que no hayan obtenido, al menos, el 3% de los votos válidos emitidos; segunda, se forman tantas columnas como escaños haya en juego; tercera, se divide el número de votos obtenidos por cada candidatura entre 1, 2, 3.... y así sucesivamente hasta el número de columnas que se hayan formado; cuarta, se rellenan las casillas de cada columna con los cocientes obtenidos; y quinta, se adjudican los escaños a los cocientes mayores atendiendo a un orden creciente.
Aunque es un mantra comúnmente aceptado por nuestra opinión pública, y sobre todo por los medios de comunicación social, que el culpable de las distorsiones que produce el sistema electoral español es Víctor D'Hondt -humilde profesor de Derecho Civil que fue de la Universidad de Gante, aficionado matemático y padre de la Ley electoral belga de 1899-, un análisis más profundo de la cuestión demuestra que el tema no está en el método de representación proporcional que utilizamos, por lo demás fácilmente sustituible, sino en algo de más enjundia, y que tiene que ver, no tanto con la vigente Ley Electoral, sino con nuestra Constitución. En efecto, el quid de la cuestión hay que buscarlo, a mi juicio, en el escaso número de escaños que se reparten, en el gran número de distritos electorales que tenemos, y en el pequeño tamaño de los mismos -en 28 de los 52 que existen se eligen menos de 6 diputados-.
Así, frente a una ratio de representación aproximada de 80.000 habitantes por escaño de los países de nuestro entorno como Italia y Francia, tenemos en España un diputado por cada 130.000, lo que lógicamente disminuye el sitio que podrían eventualmente ocupar los partidos minoritarios. Además, la existencia de 52 distritos electorales y la atribución de dos escaños como mínimo a cada uno de ellos -exceptuando a Ceuta y Melilla-, no importa cual sea su población, contribuye a que nuestro sistema proporcional no lo sea tanto, y funcione en realidad como un sistema intermedio, más proporcional cuanto mayor sea el distrito y menos cuanto menor.
Por todo ello, entiendo que la reforma en profundidad de nuestro sistema electoral exige, en puridad, algo tan complicado como la enmienda constitucional; un melón que, en materia tan delicada -a la reciente experiencia me remito-, no sé yo si convendrá abrir ahora, cuando vivimos tiempos de gran tribulación y los tiburones se aprestan en el horizonte a sacar tajada de la situación.
Sea como fuere, los efectos que produce nuestro sistema electoral son conocidos, y la forma de modificarlo también. Corresponde, por tanto, a la sociedad española decidir en el futuro, la cuestión fundamental a la que se remite todo este debate: ¿queremos un Congreso con mayorías fuertes de uno de los dos grandes partidos que puedan llevar adelante durante cuatro años un proyecto político que haya contado con un respaldo mayoritario? o por el contrario ¿queremos un Congreso en el que estén representadas todas las sensibilidades políticas que existen en nuestro país, aun a riesgo de que el sistema se convierta en ingobernable, o que, en el mejor de los casos, deje la gobernabilidad del mismo en manos de las minorías?"
La verdad es que algunas veces me sorprendo de ver como en ciertos estamentos sociales las cosas son tan claras y comunes, seas del Partido Político que seas, aunque no siempre sucede así.
Por eso, a todos aquellos que dicen que "no nos representan", que nos miran mal a los voluntarios que acudimos cada cita electoral como interventores, . . . les pido un análisis serio y riguroso y una propuesta real, porque son los pequeños cambios los que hacen las grandes trasformaciones.
